Preferentes, demanda o arbitraje.

Preferentes: la vía judicial resulta más rentable que el arbitraje aprobado por el Gobierno

Se aconseja emprender un procedimiento civil, que dura entre ocho y doce meses, aunque el coste del proceso varía de un caso a otro

EURICO Campino, Periodista de Intereconomia :

Que la estafa de las participaciones preferentes ha dejado a decenas de miles de personas, muchas de ellas de avanzada edad, sin sus ahorros es ya una triste realidad conocida por todos desde hace meses. Ahora, tras el decreto aprobado por el Gobierno el pasado 22 de marzo, y que regula los procesos de arbitraje entre ahorradores y entidades bancarias, los afectados quieren saber si les interesa más acogerse a la mediación o la víajudicial sigue siendo el mejor camino.

En España han surgido en los últimos meses decenas de bufetes especializados en la atención a las víctimas por la estafa de las preferentes.

Vía judicial o vía civil

Lo primero que tienen que saber los perjudicados que aún no hayan decidido el camino a seguir es que las dos vías son incompatibles; quien se acoja al arbitraje está renunciando automáticamente a una reclamación, civil o penal, en los tribunales. Law Brokers, aconseja, recurrir a la Justicia. Y, más en concreto, a la vía civil.

La explicación es sencilla: no es recomendable proceder contra los directores de las entidades que ofertaron el producto porque conseguir probar el dolo (la mala intención) es más que dudoso, ya que algunos, efectivamente, desconocían las características de lo que ofrecían.

La vía civil es por tanto más rápida y recomendable. Estaríamos hablando de una duración estimada entre ocho y doce meses.  en cuestión cobra una cantidad fija o sushonorarios están en función de un porcentaje sobre el dinero recuperado, que suele ser lo habitual.

No sólo los profesionales del derecho recomiendan litigar. Expertos consultados por ZoomNews como Carlos Laredo, asesor financiero independiente, tampoco recomiendan acudir al arbitraje porque “las condiciones ofrecidas son leoninas “.

Y es que, según el decreto del Gobierno, los ahorradores tendrían que aceptar una quita de hasta un 61 por ciento y después otra más que posible poda a la hora de convertir esas participaciones en acciones. Una ruina.

Argumentos jurídicos

Hasta ahora, la práctica totalidad de las demandas individuales planteadas están siendo estimadas por los jueces. Los argumentos legales son más que sobrados. “Hay un vicio en el consentimiento de la gente y los jueces lo están entendiendo así en la mayoría de los casos”, asegura “ No olvidemos que hablamos de un producto complejo no apto para ahorradores corrientes, que pensaban que seguían teniendo su dinero en un depósito, sólo que a un interés más alto”.

Ese picapán que elevaba, presuntamente, el rendimiento de lo invertido, hasta un 7 por ciento en algunos casos y un mínimo de un 5 por cientoen otros, fue el venenoso cebo en el que cayeron muchos ahorradores de buena fe.

Se pone en evidencia la dejación de responsabilidades en la que incurrieron todos los organismos reguladores
Hay muchos más elementos jurídicos que facilitan la defensa de los afectados como la denuncia de ladejación de responsabilidades en la que incurrieron todos los organismos reguladores.

“el Banco de España sabía que esto se estaba comercializando y de qué forma. La CNMV, también. No hicieron nada. Tan sólo la Comisión nacional del Mercado de Valores emitió, en junio de 2010, una tímida recomendación advirtiendo sobre este producto pero sin asumir la facultad que le da el artículo 85.2 de la Ley del Mercado de Valores para haber tomado cartas en el asunto”. Y es que, aunque caben pocas dudas de que el producto era  legal, caben menos de que la estafa estaba en su comercialización.

Demandas colectivas

La oposición no se ha quedado quieta tras un decreto gubernamental regulador de la vía arbitral que, como ya se ha dicho, no sólo no parece interesar a los afectados, sino que tampoco gusta al resto del arco parlamentario.

El PSOE ya anunciado su intención de recurrir. Lo hará por una doble vía: acudirá por un lado a la fiscalía para denunciar la comercialización de éste  producto financiero y por otro al Tribunal Constitucional para cuestionar la solución arbitral propuesta por el Ejecutivo y la posterior conversión de las participaciones preferentes -a partir del 31 de mayo- en acciones a través del FROB de la que hablábamos más arriba y que supondría, en la práctica, una “segunda quita”.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado había sugerido laintervención judicial pero sólo en casos muy específicos, limitados prácticamente a personas de edad muy avanzada o semianalfabetas. Algo que fuentes cercanas al grupo parlamentario socialista consultadas por ZoomNews consideran escandaloso.

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