Preferentes, sentencias ganadas, ánimo y a por todas.

Que las entidades hayan acreditado el cumplimiento de la normativa vigente, “al menos desde la perspectiva de la documentación contractual”, dice el escrito, “no es incompatible con la existencia de numerosas reclamaciones de inversores que manifiestan haber recibido una información verbal contradictoria” con los documentos que firmaron.

La CNMV recuerda que sólo ha analizado los procedimientos establecidos por las entidades y la documentación acreditativa de las operaciones, por lo que cuando un cliente dice haber contratado el producto tras la recomendación de la entidad o creyendo que era una imposición a plazo fijo carece de medios “que permitan comprobar lo realmente ocurrido”.

Añade que esos activos se comercializaron a través de la red de sucursales de las entidades, “con presencia física y transmisión verbal de información al comprador por parte de los empleados” de las mismas, “quienes, además, suelen tener incentivos económicos ligados a la venta de los activos”.

El informe cuenta con el voto particular discrepante del Consejo de Consumidores y Usuarios, que forma parte de la Comisión junto a la CNMV y al Banco de España y que cree que se ha puesto en duda la versión de los clientes y que “más bien parece un documento destinado a justificar lo sucedido”.

Hasta 2011 las adquisiciones por parte de minoristas de preferentes oscilaron entre los 1.626 y los 4.526 millones anuales y las compras de deuda subordinada se mantuvieron entre los 48 y los 1.943 millones, mientras que en 2012 alcanzaron un volumen nominal de 9.999 y 2.663 millones, respectivamente.

Los precios, que estaban en torno al 100% del nominal, se sitúan ahora alrededor del 50-70% en las entidades que no han necesitado ayuda pública y en el 30-50 % en el resto.

La CNMV ha abierto expedientes sancionadores a nueve grupos financieros por un total de 22 incumplimientos de la normativa vigente en lo relativo a la colocación de productos híbridos sin valorar la conveniencia, la valoración incorrecta de ésta o la gestión inadecuada de conflictos de interés.

Esos expedientes, sin embargo, solo servirán para que las malas prácticas no se repitan en el futuro, ya que la CNMV “carece de capacidad legal para obligar a las entidades supervisadas a compensar los daños eventualmente producidos por una deficiente comercialización”, algo que solo pueden hacer los tribunales.

Así, el pasado 3 de abril había un total de 1.138 reclamaciones judiciales contra Bankia, de las que ya existe sentencia en trece casos -12 favorables al minorista y una sola en contra-, mientras que 1.122 se encuentran pendientes de resolución, ninguna ha sido desistida y tres han resultado archivadas.

Esta entidad ha recibido además 80.657 solicitudes de arbitraje de clientes minoristas desde que el pasado 18 de abril se pusiera en marcha este procedimiento.

Por su parte, Catalunya Caixa inició el 11 de octubre de 2011 un proceso de arbitraje en el que el 23% de las 9.993 solicitudes admitidas han sido objeto de laudo, estimatorio en todos los casos.

Esta entidad ha registrado 486 reclamaciones judiciales, de las que 408 están pendientes de resolver, una fue fallada a favor del cliente y otra en contra y en el resto se alcanzó un acuerdo.

Por último, Novagalicia comenzó el pasado 20 de julio un proceso de arbitraje en el que se han recibido 60.926 peticiones, de las que se han admitido el 28 % (17.189) y, de éstas, el 93 % (15.915) han obtenido un laudo favorable al minorista.

En cuanto a las 742 reclamaciones judiciales contra la entidad, ha habido 42 sentencias a favor del cliente y dos en contra, en 25 casos hubo acuerdo y 673 siguen pendientes de resolución.

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